Por: José Luis de la Cruz / IDIC / contacto@idic.mx
La transición política del año 2000 no incidió en una nueva orientación de la política económica aplicada en México. El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide 2002-2006) publicado al inicio de la administración de Vicente Fox es la mejor muestra de ello.
El análisis macroeconómico del Pronafide 2002-2006 señalaba a las reformas educativa, fiscal, presupuestal, energética, financiera, laboral, de telecomunicaciones, entre otras, como las esenciales para garantizar que México creciera vigorosamente.
En función de dichos cambios el gobierno de Vicente Fox planteaba que la economía elevaría su tasa de crecimiento de 1.7% en 2002 al famoso 7% en 2006. Como todos sabemos eso nunca ocurrió. Se puede argumentar que dicho escenario no se hizo realidad porque las reformas no fueron aprobadas por el Poder Legislativo. No obstante, es evidente que la estrategia de política económica era profundizar la estrategia delineada en las administraciones previas.
Una preocupación central del Pronafide 2002-2006 era la evolución de la deuda pública, básicamente se le veía señaló como uno de los principales lastres para el buen desempeño del sector privado y del crecimiento de México. La razón era que una parte de los recursos financieros nacionales y extranjeros eran desviados a la compra de deuda pública, encareciendo y limitando la disponibilidad de los mismos para la inversión productiva de las empresas privadas.
Una parte sustancial del segundo capítulo (denominado como Diagnóstico macroeconómico) se enfocó a mostrar como el endeudamiento había sido el responsable de la crisis que azotó al país durante los años ochenta, periodo mejor conocido como “La Década Pérdida”. Ante la falta de financiamiento externo y la fuga de capitales nacionales el gobierno había aplicado un severo programa de ajuste fiscal: recorte a la inversión productiva y al gasto público con orientación social.
A pesar de ello, para el penúltimo año de la administración de Miguel de la Madrid el saldo de la deuda bruta había alcanzado 104.1% como proporción del PIB, los recortes presupuestales no habían eliminado la tendencia negativa del endeudamiento público: un año de generación de riqueza no alcanzaba para enfrentar los compromisos financieros del gobierno, la austeridad sólo había dañado las bases productivas y de estabilidad social del país.
Si bien las negociaciones realizadas durante la administración de Carlos Salinas de Gortari habían logrado una reducción importante de la deuda (al final de 1993 la cifra se había reducido a sólo 28.2%) la crisis gestada en diciembre de 1994 mostró que la economía estaba endeudada y “prendida con alfileres”. El problema fue que alguien los quitó y lo hizo mal.
El Pronafide 2002-2006 hacia referencia a que la presión de la deuda seguía presente, y que el crecimiento posterior a la crisis de 1995 era insuficiente para dotar de sostenibilidad a las finanzas públicas. Además su análisis estaba incompleto, la dimensión del desequilibrio era sustancialmente mayor.
A inicios del año 2001 Julio Santaella, actual Presidente del INEGI, presentó un interesante análisis en donde demostró que la viabilidad de la política fiscal estaba en entredicho, en esencia que los ingresos del gobierno no le alcanzaban para solventar sus compromisos financieros.
Su contribución era que ello no era sólo un problema de deuda, lo sustancial se encontraba en los denominados como pasivos contingentes[1].
De acuerdo a Santaella, la deuda neta del Gobierno Federal era 24.8% como proporción del PIB, algo en apariencia manejable para un país como México que venía de dos años de un fuerte crecimiento económico. No obstante, cuando se agregaban los pasivos generados por el quebranto bancario de 1995 y otras obligaciones no reconocidas, como las pensiones, el saldo total llegaba a 120% del PIB: un año no bastaba para solventar los compromisos financieros del sector público.
A partir de ello el gobierno busco aplicar una férrea disciplina fiscal, aún a costa del crecimiento económico. Durante el periodo comprendido entre el 2001 y el 2007 la deuda bruta se mantuvo a raya: llegó a un mínimo de 21.3% para el último año. No obstante, el cambio en el régimen de seguridad social en el ISSSTE instrumentado durante el gobierno de Felipe Calderón sacó de la sombra a una parte mínima de los pasivos contingentes y los transformó en deuda. Para el 2009 ya era del 32.5%.
A partir de ese momento y también como producto de la crisis económica mal diagnosticada (recordar el “blindaje” y la “gripita”) el déficit del gobierno volvió a incrementarse y con ello el nivel de endeudamiento de México.
En 2007 y 2008 el balance de las cuentas públicas estaba equilibrado, pero para el 2012 el sexenio cerró con un déficit de 2.6% como proporción del PIB.
Sobre esa nueva inercia de endeudamiento, el gobierno del presidente Enrique Peña decidió buscar reactivar a la economía en función de las reformas estructurales que Vicente Fox no logró dar a luz en su gestión y de mayor deuda pública. De acuerdo a la prospectiva del gobierno las reformas debería llevar a que México creciera casi 5% para el 2017 y que se iniciara una reducción de la necesidad de mayor endeudamiento público.
El problema es que las reformas no han fructificado, hoy el escenario del presupuesto para el 2017 se hizo con un crecimiento de solo 2.5%. La reducción del déficit se busca hacer con recortes presupuestales a la inversión productiva y en áreas estratégicas para el desarrollo social.
Como en la década de los años ochenta eso no garantiza que se elimine el círculo vicioso de mayor endeudamiento: en realidad se incurrirá en un nuevo déficit que llevará a la deuda neta a un nivel de 48.4% del PIB.
La austeridad selectiva que se aplicó para elaborar el presupuesto del 2017 no resuelve el desequilibrio de las finanzas públicas, sólo pasa una la primera factura a la economía y a la sociedad. Sin mayor crecimiento económico, esta receta se seguirá aplicando, demostrando que el problema de la deuda y de los pasivos contingentes acompaña al país desde hace casi cuatro décadas. También demuestra que los programas de ajuste fiscal no son la verdadera solución. Además ya no se tiene la expectativa de qué pasaría con las reformas estructurales, ya están aprobadas, falta ver si realmente darán resultados.
ACERCA DEL AUTOR
José Luis de la Cruz Gallegos, actualmente ocupa el cargo de Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. También se desempeña como Presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN. Es profesor de cátedra en Doctorado de Ciencias Financieras de la EGADE Business School en el campus Ciudad de México y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.
Laboralmente se ha desempeñado en los sectores privado, académico y público, además de ser asesor y consultor para los mismos. Fue Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios y del Departamento de Economía y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Realizó sus estudios de Maestría en Economía en El Colegio de México y de Doctorado en Administración en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.
Ha publicado más de treinta artículos científicos arbitrados en revistas de México, Estados Unidos, Brasil, España y Colombia. De igual forma elabora artículos de análisis y opinión en revistas especializadas de Economía y Finanzas
E-mail: joseluisdelacruz@idic.mx
[1] Ver La viabilidad de la política fiscal: 2000-2025 de Julio Santaella
